Velásquez ofreció declaraciones en nombre de la Comisión de Empleo, Producción y Propiedad de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que se instaló ayer y que adelantó un primer esbozo de actividades que se iniciarán este jueves con un encuentro en la sede de Fedegana en Caracas.
En este marco, Velásquez anunció, sin precisar fecha, una movilización nacional en rechazo a las expropiaciones, que incorpore a todos los afectados, especialmente a los trabajadores y empleados que, aseguró, «son los que sufren con mayor fuerza» estas medidas.
El equipo que hará seguimiento a las expropiaciones acompañó a Velásquez en sus declaraciones y está integrado por los diputados electos -principales y suplentes- José Manuel González (Guárico), Mavaline Baudino (Zulia), Alfredo Ramos (Lara), Freddy Paz (Zulia), Iván Colmenares (Portuguesa), Juan Carlos De Sousa (Anzoátegui), Juan Romero (Zulia), Andrés Álvarez (Lara), Walter Márquez (Táchira), Luis Eduardo Mata (Anzoátegui) y José Luis Farías (Parlatino). Ricardo Sucre Heredia será el secretario del grupo.
Velásquez hizo un llamamiento a los venezolanos para que no se desanimen ante la arremetida gubernamental, a propósito de las nuevas acciones contra Sidetur y complejos habitacionales. Comprometió el esfuerzo de los 65 diputados de la Unidad para desarrollar «todas las iniciativas que se tengan que poner en marcha. Estaremos en primera línea de combate», aseveró.
Velásquez recordó que las empresas que se ha apropiado Chávez caen en un estado de abandono e improductividad. Denunció que en el caso de Agroisleña hay 9 trabajadores que han sido despedidos, pese a gozar de fuero sindical, acusados de «guarimberos y contrarrevolucionarios».
Presente en la rueda de prensa, pero al margen de la declaración principal, Pablo Castro, responsable de asuntos sindicales de Un Nuevo Tiempo (UNT), dijo que 500 mil trabajadores han perdido sus puestos en las empresas expropiadas y que el daño mayor se ha producido especialmente en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Añadió que se está dando una renuncia masiva de técnicos especializados en las distintas empresas, en razón de que el Gobierno, como nuevo patrón, les está desconociendo beneficios contractuales, entre ellos ingresos extras por productividad y horas extras. Asimismo, dijo Castro que se viola el derecho de los trabajadores a decidir si quieren o no continuar su relación laboral con el nuevo patrón una vez decretada la expropiación, lo que les impide pedir su liquidación doble, equivalente a un despido injustificado, como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo.