AN desplaza a los municipios

   Este martes la Asamblea Nacional comenzó el proceso de consulta popular con la finalidad de elaborar el proyecto de Ley para las Comunas, que anuncia el fin de los municipios, según reseña el diario El Universal.

Un documento redactado por la Comisión de Participación Ciudadana señala que «las comunas populares y socialistas están llamadas a convertirse en las nuevas unidades político-territoriales para la construcción del nuevo tejido social revolucionario».

También establecen que estas figuras serán «la vanguardia en esta etapa de transición al socialismo venezolano cuyo objetivo principal es el gobierno comunitario».

Junto a la Ley para las Comunas, los diputados someterán a revisión de la ciudadanía los proyectos de Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, Ley de Contraloría Social, Ley de Propiedad Social, Ley Orgánica de Planificación Pública y Ley de Economía Popular. Todo este paquete forma parte del relanzamiento del parlamentarismo social de calle.

En su «plan de acción 2010», la AN anuncia que utilizará el parlamentarismo social de calle como herramienta para avanzar «hacia la construcción del Parlamento Comunal», que definen así: «plataforma organizativa que conforme al principio constitucional ejerce el acto de normar su propia comunidad, propone iniciativas legislativas y ejerce control social de la gestión pública».

Objeciones

El contralor general, Clodosbaldo Russián, objeta que el proyecto de Ley de Contraloría Social permita a los contralores sociales valerse de la Policía Nacional, la Guardia Nacional o las milicias bolivarianas para aplicar sanciones de forma directa.

El funcionario alerta que «en el texto del anteproyecto no existe regulación alguna respecto de cuáles serán las decisiones que podrá adoptar la Contraloría Social».

Russián advierte que las resoluciones de los contralores sociales «deben contemplar la necesaria coordinación con los órganos administrativos o judiciales a quienes corresponda ejercer las acciones a que hubiere lugar».

El jefe de la Contraloría General rechaza la creación de un «fondo de gastos operativos» que financie la actividad de los supervisores. Recuerda que la vigilancia popular es un hecho voluntario y propone la creación de un registro nacional de contralores.

af / Reporte360