El nuevo instrumento legal plantea la eliminación del Consejo Bancario Nacional, conformado por los dueños de las instituciones bancarias privadas, de manera que el Estado no dependería de la voluntad de esa instancia al momento de tomar decisiones de carácter financiero.
Otro planteamientos de esta Ley es la eliminación de la inmovilización y embargo arbitrario de cuentas por parte de los banqueros.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, diputado Ricardo Sanguino, destacó que este proyecto se propone garantizar el manejo transparente de los recursos que los venezolanos depositan en los bancos.
“El espíritu de nuestra ley ya no es proteger a los dueños de los bancos, como se hizo con la anterior, sino a los usuarios”, dijo.
El proyecto también obligaría al sector bancario a destinar al menos el cinco por ciento de sus utilidades a los consejos comunales, que son agrupaciones vecinales impulsadas desde el gobierno que asumen la representación de la comunidad en proyectos locales.
El proyecto también plantea reducir el tamaño del sistema financiero. La norma contempla el Banco Universal y Banco Micro Financiero, nacional y regional en ambas figuras.
Los anteriores tipos de instituciones existentes deben migrar hacia las nuevas formas de organización a fin de depurar al sector “de instituciones que no están en funcionamiento e impedir la existencia de instituciones con capitales sociales muy pequeños”.
La diputada opositora Pastora Medina, dijo que el proyecto de ley se presentó a la cámara sin consultas y que el texto plantea condiciones para la eventual nacionalización de la banca.
Según el texto, el sector bancario se tipifica como “servicio público”, que le daría carácter de “utilidad pública” a todos los bienes involucrados en la actividad, debido a la “trascendencia e importancia” en el desarrollo y estabilidad del sistema financiero nacional.
Asimismo, se exige una contribución de las instituciones bancarias de cinco por ciento de las utilidades antes de impuesto para financiar proyectos de consejos comunales.
“Para incrementar el control de las operaciones del sector bancario privado nacional, se regula la apertura, el cierre o el traslado de oficinas o agencias en el territorio nacional y en el exterior”, indica.
El director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), José Grasso Vecchio, calificó de innecesaria la definición de la actividad bancaria como de servicio público, pues el sector es uno de los más regulados en el país.
Dijo que los banqueros desean participar en el diseño de la Ley de Instituciones del Sector Bancario antes de su aprobación.
En la exposición de motivos se señala que la ley nace como “respuesta a la necesidad de crear el marco legal de adecuación del sector bancario al plan de desarrollo económico y social de la nación, al canalizar los fondos que capta de manera efectiva hacia la economía real y productiva”.
En varias oportunidades el presidente Hugo Chávez ha exigido a la banca cooperar con el desarrollo del país y ofrecer créditos a los sectores más pobres, advirtiendo que en caso contrario podría nacionalizar el sector.
Con información de DPA y AVN