Amenazas,detenidos y represión a dos días del 1 de septiembre

Comenzó la cuenta regresiva. Faltan menos de 48 horas para el 1 de septiembre y con ello, la oposición mantiene su convocatoria a millones de venezolanos para ir a la gran Toma de Caracas por una fecha para que el revocatorio sea este año.

La movilización pone en el tapete las garantías y los derechos constitucionales a la manifestación pacífica. El civismo es el reto principal de los marchantes. La Carta Magna expone la obligatoriedad de permitir la expresión plena y de proteger a los ciudadanos como el desafío primordial del gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuyos voceros advierten que no permitirán el avance de los protestantes al municipio Libertador.

Desde febrero de 2014 hasta junio de 2016, se registraron cinco mil 853 detenciones arbitrarias -en protestas y colas por comida- en Venezuela, esto según el Foro Penal Venezolano en su informe semestral de este año.

Actualmente, hay mil 998 personas que están libres bajo procesos judiciales. Durante el gobierno de Hugo Chávez, la mayor cifra de detenidos fue de 49 en el 2009, pero solo en el 2014, el presidente Nicolás Maduro encarceló a 310 ciudadanos. Muchos fueron liberados paulatinamente, por lo que a la fecha, hay alrededor de 90 presos políticos. Cuando Maduro llegó al poder solo habían 11. “Las detenciones arbitrarias se convirtieron en política de Estado”, expresa el informe del FPV.

Tramado jurídico

El derecho a protestar está en los artículos 68 y 53 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, pero Inti Rodríguez, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), expuso que en la práctica “está amenazado”.

Refirió que el Gobierno hizo un marco jurídico contrario a lo constitucional. Crearon la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Antiterrorismo, la Reforma al Código Penal, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y la Resolución 8610, esta última permite a la FANB usar armas de fuego en acciones ciudadanas. En general, se prohíbe el cierre de vías y las asambleas en zonas “de seguridad” como Miraflores, el CNE, el TSJ y demás sedes gubernamentales.

En febrero de 2014, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, anunció el Decreto Nº 281 que declara a Caracas como “territorio de paz y libre de fascismo”, lo que podría impedir el avance de marchas opositoras que el Estado considere violentas.

“El gobierno de Maduro es uno de los más autoritarios de la región. Lo medimos por su respuesta autoritaria, por la cifra de detenciones y la violación a la integridad personal. Tiende a criminalizar manifestaciones contrarias a su ideología. Estamos hablando de uno de los gobiernos más represivos de América Latina y de la historia moderna venezolana, superando incluso a registros históricos como los de 1989, 1992 y 1994. Lamentablemente, no es el único en Latinoamérica. También están México, Argentina y Chile”, declaró Rodríguez a La Verdad.

Obligaciones

Inti Rodríguez afirmó que las represiones son constantes desde el 2014. Acentuó que para manifestar no hay que pedir permiso. Solo se debe notificar al alcalde o alcaldesa. El Estado está obligado a permitir el ejercicio pleno de los protestantes, y no solo eso, sino a protegerlos.

f.lv

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