«Yo les he preguntado (a los funcionarios del DAS) que, si en mis gestos, en mis palabras, en mis ademanes, en mi lenguaje verbal, les he hecho la insinuación de hacer algo contrario a la ley, díganme», remarcó el gobernante.
Según la Fiscalía, que se basa en declaraciones de testigos, las órdenes de escuchas, seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos salieron de la Casa de Nariño, sede del Gobierno.
El escándalo de las escuchas, destapado el año pasado, también alcanzó a personalidades extranjeras como la iraní Shirin Ebadi, Nobel de Paz de 2003, y el director para América de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco.
Cinco ex funcionarios del DAS fueron llamados este lunes a juicio por su presunta responsabilidad en este escándalo, y hoy el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, no descartó que puedan ser citadas también personas vinculadas con la Casa de Nariño e, incluso, el propio Uribe.
«Es un deber de la Fiscalía investigar a todas aquellas personas que pudieron estar inmersas en estas irregularidades; incluso, si es necesario, compulsaríamos copias a la Comisión de Acusación de la Cámara (de Representantes) para que se indague al presidente», dijo Mendoza a los periodistas.
A finales del pasado abril, un detective del DAS reveló que el ahora candidato presidencial Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe, conocía el espionaje que se practicó contra embajadores extranjeros en Colombia, aunque después el director de la central de inteligencia, Felipe Muñoz, desmintió esa información.
Además, el senador y aspirante presidencial por el Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda) Gustavo Petro denunció la semana pasada que una operación para infiltrar presuntamente embajadas en Colombia fue dirigida por Estados Unidos, utilizando al DAS.
Al respecto, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, comentó hoy que el Gobierno de su país está dispuesto a colaborar en las investigaciones sobre las escuchas y seguimientos ilegales si la Justicia colombiana lo solicita. EFE