A partir del 1º de agosto, los bancos privados deberán enviar diariamente a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) los saldos de todos sus clientes en todos sus instrumentos, es decir, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y certificados a largo plazo, entre otros.
De acuerdo con información publicada por el portal De Inmediato, Sudeban argumenta que el objetivo del suministro de estos datos es “reportar la información” a la cual el Fondo de Protección Social de los depósitos Bancarios (Fogade) “tendría acceso, única y exclusivamente cuando se determine una medida de intervención con cese de intermediación financiera o de liquidación administrativa y cumplir con lo previsto en el marco legal en materia de pagos de garantías de depositantes”.
La normativa que acompaña esta medida indica que solo Fogade estaría autorizado para manipular la información recibida.
El pedido de la Superintendencia preocupa a la banca privada porque se violaría el principio de privacidad, tal como está consagrado en el artículo 60 de la Constitución Nacional. Además, se involucran aspectos de seguridad personal: se trata de información de alta utilidad para secuestradores y el crimen organizado.
Como lo apunta De Inmediato, también hay preocupación por el impacto que esta medida puede tener en la ciudadanía dado que se presta a especular sobre la posibilidad de aplicar restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, en el contexto de la prórroga 60 días de la Emergencia Económica, solicitada el pasado 12 de julio por el presidente Nicolás Maduro.