Acusan al chavismo de colocar a la AN «en situación de agonía»

   Los poderes especiales que los anteriores diputados le otorgaron al presidente Hugo Chávez para legislar, vía decreto, hasta mediados de 2011 y la reforma que esos mismos legisladores hicieron del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional han colocado al Parlamento en «situación de agonía».

El diagnóstico lo realizaron un grupo de catedráticos de Derecho Público ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a donde acudieron para advertir los riesgos que para las garantías fundamentales y el sistema democrático supone la llamada Ley Habilitante.

El ex presidente de la Academia de Ciencias Políticas y ex magistrado de la extinta Corte Suprema, Román Duque Corredor, aseveró que el instrumento viola la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, pues «otorga una delegación en blanco y sin límites» al presidente.

En similares términos se pronunció el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central, Héctor Faúndez, quien alertó a los comisionados que la Habilitante supone una violación al principio de la reserva legal, pues «permite al presidente dictar leyes orgánicas, que restringen derechos humanos».

Seguidamente echó mano de lo establecido por la Corte Interamericana, en su opinión consultiva número 06, en la cual estableció que las garantías fundamentales sólo pueden ser limitadas por leyes emanadas «de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados».

Por su parte, el profesor Enrique Sánchez Falcón denunció que la reforma al reglamento de la AN también atenta contra la función del organismo, pues limita sus funciones de legislación y control.

El pasado es la excusa

Aunque admitió que «toda entrega de poder siempre es un riesgo», el diputado Carlos Escarrá (PSUV-Carabobo) defendió la constitucionalidad de la Habilitante y rechazó que el argumento según el cual el anterior Parlamento no podía tomar una decisión que comprometiera a la actual.

«Si eso fuera cierto entonces el presupuesto tampoco sería legal porque lo dictó la anterior AN», dijo, al tiempo que agregó: «La AN es una sola, no la podemos ver a través de sus integrantes, verla así es una visión fascista del derecho».

De la misma manera negó que el Legislativo ya perdido sus facultades: «Nosotros podemos legislar en las mismas materias que se delegaron (…) Durante cinco años (la anterior legislatura) modificamos una cantidad de decretos dictados con otras habilitantes».

Sobre la denuncia a la reserva legal, Escarrá replicó: «(Rafael) Caldera y (Jaime) Lusinchi dictaron leyes con habilitantes en las que establecieron penas. Allí está el Código Orgánico Tributario de 1994. Esa es la tradición en Venezuela».

Este argumento fue refutado por el ex presidente de la CIDH, Carlos Ayala Corao, de la siguiente forma: «La tradición contra la Convención Americana no es fuente de derecho»; es decir las violaciones cometidas en el pasado no justifican las presentes.