El gobierno socialista español es acusado por la oposición conservadora de “debilidad” en su política con el ejecutivo venezolano del presidente, Hugo Chávez, por su reacción tras estimar un juez que Caracas estaría implicado en la relación entre ETA y las FARC.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero practica “una política exterior con relación a ciertos países de una complacencia absoluta hagan lo que hagan”, explicó Alejandro Muñoz-Alonso, portavoz conservador de la comisión de Exteriores del Senado, que también incluye en estos países a Cuba y Marruecos.
Hace 10 días, el juez español Eloy Velasco procesó a 13 miembros de ETA y las FARC en un auto judicial en que señala que la colaboración entre la organización independentista armada vasca y la guerrilla colombiana contó con “cooperación gubernamental” venezolana.
Mientras Caracas negó los hechos, que deben investigarse, Madrid pidió colaboración a Venezuela en la lucha antiterrorista, y días después ambos emitieron un comunicado conjunto para subrayar sus excelentes relaciones y asegurar que colaborarán contra ETA, que según un miembro del gobierno español “zanja cualquier polémica”.
Seguidamente el canciller venezolano, Nicolás Maduro, declaró que el juez Velasco está “asociado a la mafia del ex presidente (conservador español) José María Aznar, a lo peor del Partido Popular y a sectores de la ultraderecha”.
Zapatero estimó “inaceptables” estas declaraciones y recordó que también en 2007 defendió a Aznar de las críticas de Chávez en la Cumbre Iberoamericana.
En ese evento el Rey de España aconsejó un famoso “¿Por qué no te callas?” a Chávez después que éste llamó “fascista” a Aznar, quien según el dirigente venezolano apoyó el golpe de estado que le sacó momentáneamente de la presidencia en 2002.
Pero las acciones del gobierno español tras el auto judicial fueron criticadas esta semana por el conservador Partido Popular (PP, principal formación opositora), que considera que el ejecutivo es demasiado condescendiente con Caracas.
El comunicado conjunto, que los gobiernos suelen aprobar después de reuniones bilatarales o cumbres, fue calificado de “disparatado” por el portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui.
Y las declaraciones de Maduro llevaron al líder del PP, Mariano Rajoy, a pedir a Zapatero que además convocara al embajador venezolano para expresarle su “más enérgica protesta”, ya que “si no, se puede transmitir la sensación de que insultar a España o a su gobierno es gratis”.
“El gobierno español está haciendo una muestra de debilidad, y la debilidad en política internacional siempre tiene muy mala retribución”, estimó Muñoz Alonso.
El ejecutivo español alega que sus prioridades son luchar contra ETA y salvaguardar los intereses económicos de las empresas y ciudadanos españoles instalados en Venezuela.
“La política de Venezuela puede ser muy errática en cuanto a los intereses extranjeros”, por eso “España no tiene interés en enfrentarse”, aunque también debe “tener un comportamiento serio en temas de diplomacia”, Angeles Sánchez Díaz, coordinadora del Observatorio de Política Exterior (Opex).
“Es lógico que cuando hay una resolución judicial de la Audiencia Nacional” que “por sus consecuencias puede producir efectos en las relaciones diplomáticas entre dos países, el gobierno esté incómodo”, explicó Marcelino Sexmero, juez y portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria (moderada).
Por eso “es explicable la prudencia”, para “no liar más la situación”.
Algo semejante se produjo cuando en 1998, el juez español Baltasar Garzón ordenó la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, lo que tuvo que tramitar el gobierno de Aznar.
Pero “es deseable que cuando un juez es atacado (…) el gobierno, que ha salido en defensa del juez, hubiera sido más contundente y debería haber salido antes en su defensa”, estima.
En el auto se pide la busca y captura de 12 miembros de ETA y las FARC, pero no extradiciones o comisiones rogatorias, por lo que el gobierno español no debe hacer por el momento ningún trámite.
NOTA DE PRENSA