Con el fin de generar liderazgo ciudadano, la organización con fines políticos Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) se dispone a generar una alternativa para prevenir y hacer cesar la continua y sistemática violación de derechos humanos, por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Así lo dio a conocer Ronald Almeida, responsable regional de Derechos Humanos de ACEP Carabobo, quien se pronunció sobre las múltiples denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela y particularmente en la entidad que representa, advirtiendo además que “la materia penal y la desviación policial se han convertido en una especie de pandemia que suprime los derechos y garantías de los ciudadanos”.
El vocero de ACEP, precisó que en Venezuela se registra la práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, allanamientos sin orden judicial y las llamadas “siembras de evidencias”, que convierten a cualquier ciudadano inocente en víctima de extorsión sino paga por su libertad; o es imputado con un caso forjado por autoridades policiales sin actuación previa del Ministerio Público ni el control judicial que impone nuestra Carta Magna.
“El tema es complejo, ya que además de los casos emblemáticos de presos políticos, el ciudadano común está indefenso ante un Estado fallido que convierte en mecanismo sistemático el uso del aparato represivo y del sistema de justicia penal para que todos los ciudadanos seamos presuntamente culpables si así lo decide un funcionario policial”.
Por otro lado, Almeida indicó que el Ministerio Público se ha convertido en un mera caja de resonancia de la actuación policial, ya que existen “imputaciones automáticas” que sólo transcriben actas policiales, atentando contra los principios de imparcialidad, de actor de buena fe y de garantes de la constitucionalidad que debe cumplir todo funcionario que ejerce la acción penal en nombre del Estado venezolano.
Señaló el vocero regional del partido de los ciudadanos que “el derecho es razón, es una actividad humana falible que debe buscar certeza desde que se investiga un hecho punible. Esa exigencia de racionalidad y de certeza científica para hallar la verdad debe ser procurada en todas las fases de un proceso penal por los diferentes actores. Tanto el funcionario que ejerce la acción penal, el abogado defensor y el propio juez como director y garante del proceso penal deben procurar la verdad y no limitar principios constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la afirmación de libertad por razones técnicas surgidas de la práctica forense”, explicó.
Por otro lado, a las actas policiales se les atribuye la condición de documento con fuerza de fe pública, cuestión que muchas veces es colocada por encima de derechos y garantías superiores de los ciudadanos, convirtiendo un acta policial en un arma para la extorsión de ciudadanos inocentes.
Almeida hizo un llamado a los ciudadanos a construir una red de defensores de derechos humanos especializados en materia penal y a denunciar las continuas violaciones de derechos fundamentales para que los responsables sean castigados.
Para atender esta problemática se requiere del control ciudadano sobre la actuación policial y la convergencia de profesionales del derecho especializados en materia penal dispuestos a denunciar el anormal funcionamiento de las instituciones fiscales y jurisdiccionales. Para ello, Almeida puso a disposición el correo electrónico proderechosvzla@gmail.com para quienes estén interesados en formar parte de la Red de Defensores especializados en materia penal y para profesionales del derecho que deseen formar parte de este esfuerzo que busca corregir los excesos que, en nombre del derecho penal, realizan funcionarios sin ética profesional.
NOTA DE PRENSA