150 mil familias fueron estafadas por cobro del IPC en viviendas

Unas 150.000 familias, en su gran mayoría de clase media, han sido estafadas en los últimos años por empresarios inescrupulosos de la construcción, quienes han cargado ilegalmente a los precios de venta de las viviendas pagos extras referidos al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esta estafa podría alcanzar la cifra de 4.500 millones de bolívares fuertes, de acuerdo con proyecciones de la sala situacional que sigue el caso en el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).

Así lo reveló el diputado Augusto Montiel, presidente de la Subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular de la Asamblea Nacional e integrante de la citada sala.

Montiel señaló que el monto corresponde a la negociación de unas 150.000 viviendas en todo el territorio nacional, a las cuales empresarios de la construcción han impuesto cobros adicionales sobre el precio de venta, justificándolos como IPC o bajo los subterfugios de “justiprecio” o “ ajuste necesario”.

“La situación es la siguiente: Decenas de miles de familias en Venezuela están siendo afectadas de manera sistemática y continuada desde hace varios años por una situación que configura una serie de ilícitos, de delitos, que giran en torno al cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor”, explicó.

Señaló que “nunca ha sido el IPC un esquema de formulación de costos ni de indexación de ningún tipo de valores, ni de precios de ningún bien o servicio, y eso queda además perfectamente especificado y prohibido taxativamente con la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat de junio de 2009”.

Refirió que en cuatro ocasiones el Tribunal Supremo de Justicia ha negado los recursos interpuestos por las empresas constructoras en procura de la autorización del cobro del IPC.

Debido al número de familias afectadas y el monto estafado, el diputado no dudó en calificar el asunto como un problema de índole social.

“Se han conformado empresas constructoras, empresas inmobiliarias, empresas promotoras, muchas veces cumplen funciones de bancos, que se han convertido en fuentes de robo a las familias, de procedencia social diversa, fundamentalmente profesionales, familias jóvenes que haciendo esfuerzos reúnen el dinero para comprar sus viviendas y este dinero les es sustraído por medio de cobros ilegales”, indicó.

Montiel señaló que se han constituido verdaderas mafias orientadas a capturar ese dinero de los ahorristas, con el cual hacen centrífugas inmobiliarias o de construcción para acometer otros desarrollos habitacionales en Venezuela, Panamá o Miami, Estados Unidos.

Las empresas involucradas en estas estafas, más de 30 hasta ahora, no han cumplido con las condiciones de los contratos ni con las fechas de entrega y tampoco han respetado los precios convenidos.