1,5 millones de propietarios dejarían de alquilar inmuebles

    El fin de semana el presidente Hugo Chávez anunció que, mediante una ley, eliminaría los desalojos judiciales para resolver los casos de incumplimiento de contratos de viviendas arrendadas. Esta medida, según Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles Urbanos, tendrá un fuerte impacto en el mercado: 1,5 millones de propietarios dejarían de alquilar sus inmuebles.

Aseguró que se estarían castigando a muchos ciudadanos que necesitan el alquiler para completar el ingreso familiar. «Es incorrecto asegurar que quienes alquilan son ricos: 95% de los propietarios posee una sola vivienda para arrendar. Además, sólo 1% de las viviendas alquiladas está bajo medidas de desalojo judicial», dijo.

Orta aseguró que esa decisión del Ejecutivo, unido a la congelación de los alquileres desde 2003, cercena el ejercicio a la propiedad porque la vivienda permanecería indefinidamente en manos del inquilino.

«Estamos ante la más grande afectación que se haya decretado en Venezuela contra la propiedad urbana, cuyos atributos de disposición, goce y disfrute están garantizados por la Constitución en el artículo 115″, advirtió.

Apiur entregó ayer una extensa documentación con las observaciones y críticas a las expropiaciones, que adelanta el Gobierno, y a la Ley Habilitante, aprobada a finales de diciembre pasado por la anterior Asamblea Nacional.

Orta indicó que para acabar con la propiedad privada, el Gobierno se vale de la ley de inquilinato, la expropiación de los edificios nuevos en construcción, la ocupación forzosa de terrenos catalogados ociosos -como el caso de los 25 estacionamientos del centro de Caracas a mediados de diciembre- y la congelación de precios de venta de las viviendas usadas.

Raimundo Orta Poleo, también directivo de Apiur, afirmó que el presidente Chávez no tiene competencia para legislar en materia de inquilinato, porque en la Habilitante -cuya base legal es endeble- el primer mandatario sólo tiene facultades en viviendas nuevas, construcción y en terrenos urbanos para la construcción.

Sobre la expropiación de 600 metros cuadrados de terreno pertenecientes al Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, señaló que la decisión es incoherente porque el Gobierno utiliza el argumento del interés social cuando Cania mantiene allí una obra social desde 1991.

Orta Poleo refirió que la Apiur se opone a la promulgación, vía Habilitante, de una nueva ley de tierras urbanas, pues a 14 meses de vigencia de la anterior, los terrenos afectados están vacíos y no se han construido los desarrollos habitacionales prometidos.

Recordó que el Gobierno es propietarios de terrenos que están disponibles en Caracas, en los que puede ejecutar planes de vivienda como es el caso de la Avenida Bolívar donde están los cultivos hidropónicos. Instó al presidente Chávez a reconsiderar las medidas contraproducentes para el sector inmobiliario como lo hizo con las expropiaciones en el Sur del Lago.