ÚN.- Mujeres portadoras de prótesis PIP asistieron a la sede de la Defensoría de Pueblo para recordar que ayer se cumplió un año de que se diera el alerta en el mundo por el caso de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), que utilizaba silicón industrial en la fabricación de sus prótesis, de las cuales un alto porcentaje eran para exportación.
En Venezuela, según cifras expresadas por Yvonne Reyes Caldera, vocera del movimiento de mujeres afectadas por PIP, existen 65 mil mujeres que portan estas prótesis, de las 500 mil personas afectadas en todo el mundo.
Paso lento. Reyes expresó que a pesar de los sistemas dispuestos por el Estado para garantizar la atención a las afectadas, aún los resultados son muy bajos:_se han registrado 2 mil 700 personas, de las cuales 1.647 efectivamente descargaron sus planillas. Pero han atendido a 166 y sólo han operado a 12. Hay otras 24 mujeres en lista de espera.
Una de las razones que expresan las afectadas para que se mantenga un número tan bajo de mujeres atendidas, es la negativa de algunos cirujanos de atender gratuitamente a las portadoras de PIP.
Jesús Pereira, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, aclara que la resolución no ampara a todas las pacientes con PIP “sino a las que tienen las prótesis rotas o con fisuras”.
La Sociedad forma parte de la mesa técnica junto al ministerio de Salud y las portadoras como parte del apoyo institucional en el cumplimiento del protocolo de atención, por lo que dispusieron de consulta para las afectadas todos los lunes en su sede. “hay lunes en los que hemos atendido de 15 a 25 pacientes y cuando tienen problemas con sus médicos nosotros hacemos lo conducente para que sean operadas gratuitamente, si se trata de una prótesis rota, como dicta claramente la resolución”, aseguró Pereira.
Sin embargo Reyes asegura que “Venezuela es el único país que cuenta con una medida cautelar del TSJpara amparar, no sólo a las mujeres que tienen prótesis rotas sino a todas las portadoras”.
Durante este año se han movilizado ante las instancias correspondientes y exhortan a que más mujeres se registren para llevar control de los casos. A los médicos les piden que se integren al proceso porque también fueron parte de la cadena de víctimas: “el Estado fue víctima, las distribuidoras y los médicos también, la diferencia es que nosotras tenemos el veneno encima”, señaló Reyes
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