“El gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”, expresó la oficina del presidente Felipe Calderón en un comunicado.
La denuncia ante el CPI, presentada el viernes por el jurista mexicano Netzahí Sandoval con el aval de 23.000 firmas, pide investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno y por el narcotráfico, en particular el cártel de Sinaloa, en el marco de la lucha antidrogas.
El Gobierno mexicano consideró “absurdo” que se pretende equiparar su accionar con regímenes autoritarios que han llevado adelante políticas de exterminio por razones étnicas, políticas o religiosas.
“Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo”.
La Presidencia mexicana afirmó que las autoridades federales han respondido al “clamor de ayuda” de ciudadanos y gobiernos regionales ante la violencia de las organizaciones criminales.
“México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas”, indicó la Presidencia.
En México han sido asesinadas más de 45.000 personas en los últimos años en hechos asociados con los cárteles de las drogas y de la delincuencia organizada, la mayoría en enfrentamientos entre grupos rivales.
“Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia”, señaló la Presidencia.
“Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México”.
El Gobierno mexicano agregó que las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y tienen la orden explícita de actuar respetando los derechos humanos. Los abusos han sido “verdaderamente excepcionales”, señaló.
“En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes”.